Praga (Televisión Checa) – El presidente checo, Miloš Zeman, ha provocado gran revuelo enla escena política tras dejar en claro que si llega a producirse la reactivación del proceso penal que se seguía en contra el primer ministro, Andrej Babiš (ANO 2011), por el caso de la “Granja el Nido de la Cigüeña”, él ejercerá su potestad constitucional y detendría esa reapertura. Así lo dijo ayer, en el programa semanal de entrevista que el presidente tiene con el canal privado de televisión “Tv. Barrandov.
Recordemos que el caso se refiere al subsidio de como 50 millones de coronas, de fondos comunitarios, para construir la ya conocida granja con un gigantesco nido de cigüeña como señal característica y que la semana anterior, la Fiscalía Municipal de Praga decidió detener el proceso penal en contra de Babiš. Si bien esa decisión está ya en firme, el fiscal supremo checo aún puede intervenir y decir reabrir el proceso. Desde la Fiscalía Suprema, su portavoz, Petr Malý, declaró que las declaraciones del presidente no influyen en el trabajo de esa institución.
“Si llega a darse vueltas alrededor de eso, entonces, el presidente cuenta con el derecho que le da la Constitución de la abolición. Esto significa detener el procesamiento penal. Si llega a ser necesario, y yo creo que no va a llegar a serlo, entonces usaré ese paso constitucional”, alertó el presidente Zeman. Según la Constitución, dentro de las competencias que son del presidente checo se indica: “ordena que un proceso penal no sea iniciado y si fue iniciado, que no se lo continúe”. Lo más picante en esta historia es que para llegar a la “abolición”, el presidente requiere de la firma del primer ministro, para refrendar su decisión. En nuestro caso, es patente el conflicto de intereses. Babiš puede delegar la firma a otro miembro… de su propio Gabinete.
Reactivar el proceso sería una decisión política
El viernes de la semana anterior, la Fiscalí Municipal de Praga informó la decisión de detener el proceso penal seguido en contra del millardario Andrej Babiš y de otras personas; esa decisión ya está en firme. Esa decisión más todo el material del expediente ha pasado al fiscal supremo, Pavel Zeman, quien tiene la facultad de confirmar la decisión o de cancelarla. Tiene tres meses para ello.
Zeman en el programa del jueves aclara que habría dudado en hechar mano de la abolición hasta antes del viernes, hasta antes de conocer la decisión del fiscal municipal de Praga. Esa habría sido una intervención arbitraria de la cabeza del Estado. Hoy las cosas son diferentes, hay ya fundamentos para considerar que lo correcto es cerrar el proceso y quien decisa reabrirlo actuará de forma política.
